SERBIA — El presidente Aleksandar Vučić anunció el 29 de junio de 2025 más arrestos tras los enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y la policía en una masiva protesta en Belgrado, que exigía elecciones parlamentarias anticipadas. La manifestación, liderada por estudiantes, reunió a decenas de miles tras casi ocho meses de disidencia por el colapso de una estación de tren en Novi Sad que dejó 16 muertos.
En una conferencia de prensa, Vučić acusó a los organizadores, incluido el decano de la Universidad de Belgrado, Vladan Djokic, de incitar a la violencia y atacar a la policía, calificándolos de “terroristas” que intentaron “derribar el estado”. De las 77 personas detenidas, 38 permanecen bajo custodia enfrentando cargos criminales, según el ministro del Interior, Ivica Dačić. La policía reportó 48 agentes heridos y 22 manifestantes que buscaron atención médica.
Los enfrentamientos estallaron tras el fin de la protesta oficial en la plaza Slavija, con la policía usando gas lacrimógeno, porras y escudos, mientras manifestantes arrojaban piedras y botellas. Los organizadores declararon al gobierno de Vučić “ilegítimo” y lo responsabilizaron por la violencia, alegando provocaciones por parte de simpatizantes progubernamentales. “Habrá más arrestos, la identificación de individuos está en marcha”, afirmó Vučić.
Las protestas, iniciadas tras el colapso de una cornisa en Novi Sad en noviembre de 2024, atribuyen la tragedia a la corrupción y negligencia en proyectos de infraestructura, como la renovación de la estación bajo la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China. Vučić, quien rechaza adelantar las elecciones previstas para 2027, insistió: “Serbia no se destruirá con violencia. El tiempo de la rendición de cuentas está llegando.”
Los críticos acusan a Vučić de autoritarismo, señalando la represión de libertades democráticas y el auge de la corrupción desde que asumió el poder en 2012. Aunque Serbia busca la membresía en la UE, Vučić mantiene lazos con Rusia y China, lo que genera tensiones con los manifestantes que demandan reformas democráticas. La Unión Europea instó a respetar el derecho a la protesta, pero su silencio sobre la represión ha sido criticado como apoyo implícito al régimen.