VENEZUELA — El gobierno de Venezuela ha calificado la reciente deportación de 238 migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador como un «crimen de lesa humanidad» y ha exigido su repatriación inmediata.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, denunció que los venezolanos fueron «secuestrados» tras ser expulsados de Estados Unidos bajo una ley de 1798 invocada por el presidente Donald Trump, que permite deportaciones sin juicio previo. Rodríguez afirmó que esta acción constituye un crimen de lesa humanidad y anunció que el gobierno de Nicolás Maduro tomará medidas para lograr el regreso de los deportados.
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado pidió evitar la «criminalización injusta» de los migrantes, aunque respaldó medidas contra el Tren de Aragua, una banda criminal a la que se acusa a los deportados de pertenecer.
El gobierno venezolano ha convocado protestas en Caracas contra la deportación y mantiene su exigencia de que los ciudadanos venezolanos sean repatriados de inmediato. Mientras tanto, Estados Unidos ha apelado la decisión de un juez federal que bloqueó temporalmente el uso de la ley de 1798 para estas deportaciones.
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