UCRANIA — El presidente Volodímir Zelensky firmó el 29 de junio de 2025 un decreto que implementa la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa (CSND) de retirar a Ucrania de la Convención de Ottawa, un tratado internacional que prohíbe el uso, almacenamiento y producción de minas antipersonales, según medios ucranianos.
El coronel del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Roman Kostenko, afirmó que la medida responde a las “realidades de la guerra” contra Rusia, que no es signataria del tratado y utiliza minas a gran escala contra militares y civiles ucranianos. “No podemos permanecer atados a un entorno donde el enemigo no tiene restricciones”, señaló Kostenko. La decisión, considerada “ilegítima” por algunos críticos, requiere ahora la aprobación de la Verjovna Rada, el parlamento ucraniano.
El alcalde de Leópolis, Andrí Sadovi, calificó la decisión como “difícil pero necesaria” para proteger a soldados y ciudades frente a los ataques rusos. Ucrania se une así a Polonia, Letonia, Estonia y Finlandia, que también abandonaron la Convención de Ottawa en 2025, argumentando limitaciones en su defensa frente a Rusia. Estos países, miembros de la OTAN, buscan reforzar sus fronteras con medidas como el “telón de acero”, que incluye campos de minas.
La Convención de Ottawa, vigente desde 1999, ha sido suscrita por la mayoría de los países de la UE, África y Asia, pero grandes potencias como Rusia, China, EE.UU. e Israel no la han firmado. Amnistía Internacional critica la decisión de Ucrania, recordando que las minas antipersonales son “indiscriminadas” y su uso deliberado puede constituir crímenes de guerra, según el Derecho Internacional. Ucrania, el país más minado del mundo, enfrenta un aumento de víctimas civiles por estos artefactos, con 10,703 muertos y 20,146 heridos desde 2022, según la ONU.
La retirada de Ucrania del tratado refleja la escalada del conflicto y la presión por reforzar la defensa, pero genera preocupaciones sobre el impacto humanitario a largo plazo. La Verjovna Rada debatirá pronto la ratificación, mientras el gobierno insiste en que la “seguridad está por encima de todo”.