El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó recientemente una orden ejecutiva destinada a eliminar los beneficios federales financiados con dinero de los contribuyentes que, según su administración, podrían incentivar la inmigración ilegal.
Esta medida, anunciada en un comunicado oficial de la Casa Blanca, sostiene que el objetivo es asegurar que los recursos fiscales se dediquen exclusivamente a salvaguardar los intereses de los ciudadanos estadounidenses.
La orden ejecutiva instruye a todas las agencias federales a identificar y revisar los programas que actualmente ofrecen beneficios económicos a personas sin documentación, exigiendo la implementación de medidas estrictas para garantizar que tales recursos no sean desviados a quienes residen en el país ilegalmente.
Además, se enfatiza la necesidad de mejorar los procedimientos de verificación de elegibilidad para evitar el acceso indebido a estas ayudas.
Un aspecto central de la orden es la negación de fondos federales a estados y localidades que adopten políticas de “santuarios”, las cuales impiden la deportación de inmigrantes en situación irregular.
Esto refuerza la postura de la administración de Trump hacia una política migratoria más estricta y alineada con sus promesas de campaña.
Las declaraciones de la Casa Blanca sugieren que administraciones previas facilitaron el crecimiento de la inmigración ilegal, al supuestamente desviar fondos y servicios esenciales que deberían beneficiar a los ciudadanos.
Aunque generalmente los inmigrantes ilegales no tienen derecho a prestaciones sociales más allá de la atención médica de emergencia, el nuevo decreto busca cerrar cualquier posible laguna que permita el acceso no autorizado a los beneficios.
De acuerdo con estimaciones de FAIR (Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense), los contribuyentes estadounidenses incurren en un gasto significativo —aproximadamente 182 mil millones de dólares anuales— a causa de los 20 millones de inmigrantes indocumentados y sus descendientes.
El presidente de FAIR, Dan Stein, ha descrito la acción de Trump como un paso esencial para frenar la inmigración ilegal y reducir la carga financiera sobre el gasto público.
Esta iniciativa refleja un esfuerzo por parte de la administración Trump para redefinir la política migratoria del país y priorizar el uso de recursos fiscales en beneficio de los ciudadanos, especialmente aquellos en situaciones vulnerables como personas con discapacidades y veteranos.