ESTADOS UNIDOS — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 7 de julio de 2025 la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, poniendo fin a 26 años de protección migratoria para aproximadamente 4,000 nicaragüenses, incluidos apátridas que residieron habitualmente en el país. La decisión, publicada en el Registro Federal, establece que el TPS finalizará el 5 de septiembre de 2025, tras un período de transición de 60 días, dejando a los beneficiarios sin estatus legal ni autorización de empleo a menos que obtengan otra vía migratoria.
El TPS para Nicaragua fue otorgado en enero de 1999 tras la devastación del huracán Mitch, que dejó miles de muertos y daños masivos en Centroamérica. Renovado 13 veces, el programa permitió a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en EE.UU. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que las condiciones en Nicaragua han mejorado lo suficiente, citando avances en turismo, infraestructura vial y agricultura, así como la capacidad del gobierno nicaragüense para recibir a sus nacionales deportados. «El impacto del desastre natural de 1999 ya no existe. La situación ambiental es lo suficientemente segura para el retorno de los ciudadanos nicaragüenses», afirmó un portavoz del DHS.
El país ha logrado avances significativos, especialmente en el sector turismo, infraestructura vial y agricultura. Nicaragua ha demostrado una capacidad adecuada para aceptar el retorno de sus ciudadanos.
Departamento de Seguridad Nacional, Registro Federal, 7 de julio de 2025
De los 4,000 beneficiarios, unos 1,100 ya han obtenido la residencia permanente legal, según el DHS, pero los restantes enfrentan un futuro incierto. Durante el período de transición hasta el 5 de septiembre, los nicaragüenses con TPS pueden seguir trabajando y deben gestionar su salida o buscar otras opciones migratorias, como asilo o visas basadas en empleo. El DHS ofrece asistencia para el retorno voluntario a través de la aplicación CBP One, incluyendo un boleto de avión y un incentivo de $1,000 por persona.
La decisión se enmarca en la política migratoria de la administración de Donald Trump, quien ha priorizado la reducción de programas humanitarios como el TPS, alineándose con su promesa de campaña de deportaciones masivas. En mayo de 2025, el Tribunal Supremo permitió la terminación del TPS para 350,000 venezolanos, y recientemente se revocó el estatus para 521,000 haitianos y miles de afganos y cameruneses, aunque una orden judicial bloqueó temporalmente la cancelación para Haití. La terminación del TPS para Nicaragua y Honduras, que afecta a unos 76,000 migrantes, ha generado críticas de defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre el riesgo de deportaciones a un país con denuncias de autoritarismo bajo el régimen de Daniel Ortega y violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones como el American Immigration Council y la ACLU han condenado la medida, señalando que muchos beneficiarios tienen raíces profundas en EE.UU., con hijos ciudadanos y empleos en sectores esenciales. «Estos son migrantes que han pasado por revisiones de antecedentes cada 18 meses durante 26 años. Terminar el TPS es inhumano y desestabilizará comunidades», afirmó Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, en X. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto advirtió que la decisión separará familias y afectará negocios en estados como Nevada, donde los centroamericanos son una fuerza laboral clave. Por su parte, Nicaragua no ha emitido comentarios oficiales, aunque Daniel Ortega evitó pronunciarse sobre el TPS en el pasado.