A través de su red social X, el influyente empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego aplaudió la reciente decisión del Gobierno salvadoreño de reformar la Constitución de la República, específicamente para derogar el artículo 210 y eliminar la deuda política. Esta medida pone fin al financiamiento con recursos públicos que se otorgaba a los partidos políticos durante las contiendas electorales.
«¡Bukele! ¡Bravo! ¡Eliminar parásitos del presupuesto!», celebró Salinas Pliego en su mensaje, destacando su apoyo a la iniciativa que busca sanear las finanzas públicas y reducir el gasto innecesario.
La derogación de la deuda política en El Salvador significa que los partidos políticos ya no recibirán fondos del Presupuesto General de la Nación para sus campañas electorales. En su lugar, tendrán que explorar mecanismos de autofinanciamiento, una práctica que ya ha sido implementada por el partido Nuevas Ideas.
Esta reforma no solo busca optimizar el uso de los recursos públicos, sino también promover una mayor transparencia y responsabilidad en el financiamiento de las campañas electorales. Al eliminar la dependencia de los partidos políticos de los fondos estatales, se fomenta una competencia más equitativa y se reduce el riesgo de corrupción y malversación de fondos.
La medida ha sido bien recibida por diversos sectores de la sociedad, quienes ven en ella una oportunidad para fortalecer la democracia y mejorar la gestión pública. La comunidad internacional también ha mostrado interés en esta reforma, destacando su potencial para servir como un modelo para otros países que buscan mejorar la transparencia y la eficiencia en sus sistemas políticos.
Con esta reforma, El Salvador da un paso significativo hacia la modernización de su sistema político, alineándose con las mejores prácticas internacionales en materia de financiamiento electoral y gestión pública. La eliminación de la deuda política no solo beneficia a los contribuyentes al liberar recursos para otros usos prioritarios, sino que también fortalece la confianza de la ciudadanía en el proceso democrático y en la gestión de los fondos públicos.