EL SALVADOR — La noche del 12 de mayo de 2025, la Cooperativa El Bosque protagonizó una protesta pacífica frente a la residencial Los Sueños, donde reside el presidente Nayib Bukele, para exigir la suspensión de una orden de desalojo que amenaza con desplazar a unas 300 familias. La respuesta del gobierno fue un despliegue sin precedentes de la Policía Militar, junto a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), que reprimió violentamente a los manifestantes, incluyendo mujeres, menores y personas mayores. Este hecho marca la primera intervención de la Policía Militar en protestas civiles desde los Acuerdos de Paz de 1992.
La comunidad, establecida desde 1985 tras la reforma agraria del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), enfrenta un conflicto por una deuda de $800,000 reclamada por un empresario, cuya autenticidad es cuestionada. Los manifestantes, que recorrieron más de 7 kilómetros a pie tras ser bloqueados por retenes policiales, llevaron pancartas y realizaron una vigilia para pedir la intervención de Bukele. Sin embargo, la respuesta fue la detención de cuatro líderes, incluyendo a José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa, y Alejandro Henríquez, su asesor legal, acusados de desórdenes públicos y resistencia agresiva.
La represión de la Policía Militar a una protesta pacífica es un retroceso histórico, violando los Acuerdos de Paz que limitan su rol a tareas administrativas.Amnistía Internacional
El operativo, que involucró a casi 100 efectivos, incluyó agresiones a periodistas comunitarios de medios como Bálsamo Radio y TV y Kolectivo San Jacinto, quienes transmitían en vivo. Videos muestran a agentes empujando y sometiendo a manifestantes, mientras un periodista exclamaba: “La policía de Bukele está provocando una crisis social”. Cuatro de los cinco líderes detenidos fueron liberados, pero denunciaron haber sido golpeados. Pérez y Henríquez permanecen bajo detención provisional, enfrentando hasta 10 años de prisión.
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El 13 de mayo, Bukele reaccionó en X, acusando a “ONG globalistas” y grupos de izquierda de manipular a la comunidad. Anunció una Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el 20 de mayo con 57 votos, que impone un 30% de impuesto a donaciones de ONG, destinada supuestamente a saldar la deuda de la cooperativa. Esta ley, similar a una propuesta fallida de 2021, fue criticada por Human Rights Watch y Amnistía Internacional por limitar la libertad de expresión y asociación.
La represión ha sido calificada como un retroceso democrático, ya que los Acuerdos de Paz de 1992 establecieron que la seguridad pública es exclusiva de la PNC, no de la Fuerza Armada. Organizaciones como Amnistía Internacional exigen la liberación de los detenidos y una solución digna para las familias. La comunidad, por su parte, denuncia la presencia de infiltrados y la criminalización de su lucha, mientras el gobierno ofrece disculpas parciales y promesas de mesas técnicas que no resuelven el problema de fondo.
Esto algún día se va a acabar.Ruth López, abogada detenida
El caso de El Bosque refleja las tensiones entre comunidades campesinas y los intereses del capital, exacerbadas por un gobierno que, según analistas, consolida un perfil autoritario. La militarización de la seguridad pública y la persecución de defensores de derechos humanos, como la detención de Ruth López y Enrique Anaya, han intensificado las críticas al régimen de Bukele, que mantiene altos índices de aprobación pese a estas controversias.
La lucha de la Cooperativa El Bosque no es un caso aislado, sino parte de un patrón de despojo y represión que amenaza a comunidades marginadas. Organizaciones sociales insisten en la necesidad de diálogo y justicia, mientras el país enfrenta un momento crítico para su democracia, 33 años después de los Acuerdos de Paz.