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El gobierno de Javier Milei declaró el viernes 14 de febrero a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista, inscribiéndola en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión se formalizó mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional publicada en el Boletín Oficial.
La medida se produjo tras los incendios registrados en los bosques patagónicos de Chubut y Río Negro. También tuvo como detonante recientes declaraciones del líder de la RAM, Facundo Jones Huala, quien expresó: «Yo reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes». Estas palabras generaron repudio y denuncias ante la Justicia.
Según la resolución: «Se declaran reunidos los requisitos para la inscripción de la organización Resistencia Ancestral Mapuche en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)». También instruyó a la Cancillería a compartir la información con otros gobiernos, conforme a la normativa internacional.
RAM y su inclusión en el registro RePET
Gestionado por el Ministerio de Justicia, el RePET agrupa a entidades y personas vinculadas a actos terroristas. Allí figuran organizaciones como Hezbollah, Hamas, Al Qaeda, el Talibán, la Jihad Islámica e ISIS, además de individuos buscados por el atentado a la AMIA.
Según el dictamen, la RAM cumple con los criterios del artículo 41 quinquies del Código Penal, que agrava las penas para delitos cometidos con fines terroristas. El Ministerio fundamentó su decisión citando ataques incendiarios, agresiones y sabotajes cometidos por la organización durante más de una década en Neuquén, Río Negro y Chubut.
Además, el documento señala que la RAM colabora con otras agrupaciones que, aunque actúan bajo nombres distintos, comparten los mismos objetivos y responden a una estructura común. Según el texto, estas acciones buscan «sembrar el terror y presionar a las autoridades«.
Compromisos internacionales y antecedentes legales
El gobierno fundamentó la declaración en tratados internacionales como la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Además, citó la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la ONU, que obliga a los Estados a congelar activos de personas y grupos vinculados al terrorismo.
Dentro de los fundamentos, el Ministerio de Seguridad destacó que la derogación reciente de la ley que prohibía desalojos de tierras indígenas contribuyó a un aumento de los conflictos en la región. «La derogación de esa ley ha sido aprovechada por la RAM para intensificar sus actividades», sostuvo la resolución.
Según indicó el Ministerio, la inscripción de la RAM en el RePET busca dificultar su acceso a recursos financieros. «Es necesario cortar todo tipo de financiación con la que puedan contar estos grupos violentos para llevar a cabo sus perversos fines», establece el documento.
Además, se resalta la importancia de la colaboración entre organismos estatales y entidades internacionales para desarrollar estrategias más efectivas en la prevención, investigación y sanción del terrorismo. «La colaboración y el intercambio de información facilitan desarrollar una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado», concluye la resolución.
NotiPress/Martín Olivera
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