Los partidos minoritarios en la Asamblea Legislativa han mostrado resistencia a respaldar varias propuestas destinadas a fortalecer los presupuestos de distintas entidades gubernamentales durante el actual periodo legislativo (2024-2027). Desde el inicio de este periodo el 1 de mayo hasta el 31 de julio, se han llevado a cabo 13 sesiones plenarias ordinarias con un total de 70 votaciones sobre decretos y medidas especiales.
El partido Vamos, encabezado por la diputada Claudia Ortíz, ha rechazado su apoyo en 43 ocasiones, ya sea votando en contra, absteniéndose o no emitiendo su voto. De estas, en 14 ocasiones Ortíz votó en contra, en 23 se abstuvo y en seis no votó.
Por su parte, la fracción de ARENA, representada por los diputados Marcela Villatoro y Francisco Lira, también ha mostrado su desacuerdo con diversas propuestas. Según los registros de la Asamblea, votaron en contra en cinco ocasiones, se abstuvieron en 15 votaciones y al menos uno de ellos no emitió su voto en 25 ocasiones.
Varias de estas iniciativas no respaldadas por la oposición están relacionadas con aumentos presupuestarios para diversas entidades gubernamentales. Estos fondos son necesarios para que puedan cumplir adecuadamente con sus responsabilidades y brindar una mejor atención a los ciudadanos salvadoreños. Entre las entidades afectadas se encuentran el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Centros Penales, entre otras dependencias.
El sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez ha señalado que al no respaldar muchas propuestas del Ejecutivo o del partido Nuevas Ideas, la oposición adopta una postura crítica y se limita a oponerse sistemáticamente. Rodríguez critica la falta de estrategia y visión de la oposición, afirmando que su único enfoque parece ser el de oponerse a todo y a todos.
En este sentido, Rodríguez ha calificado a los partidos ARENA y Vamos como “intrascendentes”, argumentando que sus votos carecen de relevancia al no sumar ni restar en las decisiones legislativas.