ESTADOS UNIDOS — Las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump han escalado en intensidad, marcando un enfoque agresivo hacia la deportación de inmigrantes sin estatus legal. Estas operaciones, lideradas por Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se han concentrado en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Denver, con cientos de detenciones reportadas en los últimos meses. Los operativos buscan identificar y arrestar a inmigrantes, priorizando inicialmente a aquellos con antecedentes penales, aunque también se han reportado detenciones de personas sin historial criminal.
Las redadas incluyen despliegues de agentes federales con equipo táctico, apoyados ocasionalmente por la Guardia Nacional y otros recursos militares, especialmente en la frontera sur. Se han utilizado warrants administrativos para entrar en hogares y lugares de trabajo, con operaciones que han llegado a escuelas y centros religiosos, rompiendo políticas previas que consideraban estos sitios como «sensibles». En algunos casos, se han empleado buses y vuelos para trasladar a los detenidos, con reportes de más de 2,000 arrestos en un solo fin de semana reciente. Las autoridades han destacado la detención de miembros de pandillas y sospechosos de crímenes graves, aunque organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de transparencia y el impacto en familias.
La controversia crece con protestas en varias ciudades, mientras el gobierno planea expandir la capacidad de detención y reactivar centros familiares cerrados previamente. Sin embargo, la falta de detalles oficiales y las respuestas mixtas de gobiernos locales, muchos de los cuales se niegan a cooperar, mantienen el tema en un punto de ebullición.
