EL SALVADOR — La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el 20 de junio de 2025 la localización de una nueva fosa clandestina en el cantón El Botoncillal, distrito de Colón, La Libertad, utilizada por la Mara Salvatrucha (MS-13) entre 2010 y 2022 para ocultar los cuerpos de sus víctimas. El hallazgo se suma a las exhumaciones iniciadas el 16 de junio en la Lotificación Monte León y la Finca San Jorge, donde se reportaron 11 cuerpos, incluyendo los de un soldado secuestrado en 2020 en el cantón Las Delicias.
“Los pandilleros enterraban sistemáticamente a sus víctimas para dificultar su localización”
, señaló la FGR en un comunicado.
Las investigaciones indican que la clica Delicias Locos Salvatruchos, con 133 pandilleros procesados, operaba en Colón y San Juan Opico, cometiendo asesinatos con extrema violencia. Entre las víctimas identificadas hay ocho hombres y tres mujeres, todas asesinadas con “lujo de barbarie”. Un caso destacado es el de un militar secuestrado en 2020, trasladado a las faldas del volcán de San Salvador, donde fue torturado y asesinado. “El equipo multidisciplinario continuará el lunes con la exhumación para esclarecer los hechos”, afirmó la FGR.
La desarticulación de esta estructura criminal fue posible gracias al régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, que ha permitido la captura de más de 85,000 pandilleros a nivel nacional, según datos oficiales. La FGR, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ha identificado múltiples cementerios clandestinos en La Libertad, utilizados por la MS-13 bajo el lema “sin cuerpo, no hay delito”. Los pandilleros enfrentan cargos por homicidios agravados, privación de libertad, y agrupaciones ilícitas, con penas de hasta 60 años para cabecillas, según la reformada Ley contra el Crimen Organizado.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador autorizó las exhumaciones, y la FGR espera recolectar evidencia adicional para fortalecer los procesos judiciales. La operación refleja los esfuerzos del Plan Control Territorial de Nayib Bukele, que ha reducido la tasa de homicidios de 105 por 100,000 habitantes en 2015 a 1.9 en 2024, según Infobae. Sin embargo, organizaciones como Cristosal critican posibles violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias.