EL SALVADOR — La Fiscalía General de la República (FGR) continúa presentando pruebas en la vista pública contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y otros exfuncionarios acusados de negociar con pandillas durante las elecciones de 2014 y 2015. El juicio, que se desarrolla en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, revela detalles de presuntos pactos con estructuras criminales.
Entre los acusados está Benito Lara, exministro de Seguridad y exdiputado del FMLN, junto a Ramón Arístides Valencia, exministro de Gobernación, Wilson Alexander Alvarado, vinculado a una ONG que trabaja con ex pandilleros, y el periodista Paolo Lüers. La FGR alega que los imputados ofrecieron dinero y beneficios carcelarios a cambio de apoyo electoral.
Durante la audiencia, se esperaba la reproducción de audios y videos que muestran reuniones entre los acusados y líderes pandilleros. Estas pruebas, según la Fiscalía, evidencian tratos para obtener votos y favores para pandilleros recluidos, comprometiendo la integridad de los procesos electorales de 2014 y 2015.
Benito Lara es un luchador social y servidor público cuya trayectoria habla por sí sola.Dirigencia del FMLN
Muyshondt participa en el juicio de forma virtual desde el Centro Penal de Ilopango, donde cumple otra condena. Por su parte, Lara asiste presencialmente tras la revocación de medidas sustitutivas, y ahora está recluido en el centro judicial. Los otros acusados, Valencia, Alvarado y Lüers, son procesados en ausencia tras ser declarados en rebeldía.
El FMLN ha defendido a Lara, calificando el proceso como una persecución política. La dirigencia del partido sostiene que su trayectoria como luchador social está siendo injustamente cuestionada. Sin embargo, la FGR insiste en que las pruebas demuestran un claro fraude electoral y vínculos con agrupaciones ilícitas.
El juicio, que aún continúa, busca esclarecer el impacto de estas supuestas negociaciones en la democracia salvadoreña. La presentación de evidencias audiovisuales promete arrojar luz sobre los acuerdos que, según la Fiscalía, debilitaron la seguridad pública y el sistema electoral del país.