San Salvador, El Salvador – La Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma al Presupuesto General de la Nación para transferir $43 millones entre los ministerios de Agricultura y Ganadería y Obras Públicas, con el objetivo de fortalecer las asignaciones presupuestarias de instituciones públicas. La iniciativa, presentada por el presidente Nayib Bukele, busca atender compromisos prioritarios y garantizar el cumplimiento de metas establecidas para 2025.
La distribución de los fondos se detalla de la siguiente manera: $30 millones se asignarán al Ministerio de Agricultura y Ganadería para financiar el programa Bono Agrícola BAG, una evolución del tradicional paquete agrícola que ahora entrega un bono de $75 a través de una tarjeta utilizable exclusivamente en agroservicios autorizados. Además, $10 millones se destinarán a mejorar la capacidad logística de los agromercados, impulsando el abastecimiento y la comercialización de productos agrícolas.
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas recibirá $3 millones para cubrir el pago de inmuebles afectados por proyectos y obras de inversión, asegurando la continuidad de iniciativas de infraestructura clave. “Actualmente, existen compromisos prioritarios e impostergables en varias instituciones del sector público que requieren cobertura presupuestaria para cumplir con las metas y objetivos establecidos para 2025”, se indicó en la solicitud aprobada por los legisladores.
El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, destacó la importancia del Bono Agrícola, señalando que representa un avance hacia la diversificación de cultivos. “El bono agrícola abre las puertas a nuevas oportunidades para los productores, permitiéndoles acceder a insumos en agroservicios autorizados de manera más flexible”, afirmó. Esta iniciativa busca modernizar el apoyo a los agricultores, promoviendo una mayor productividad y sostenibilidad en el sector agrícola.
La reforma presupuestaria refleja el compromiso del gobierno de Bukele con el fortalecimiento de sectores estratégicos como la agricultura y la infraestructura, en un contexto donde la estabilidad económica y el desarrollo rural son prioridades. La asignación de estos fondos busca no solo cumplir con necesidades inmediatas, sino también sentar las bases para un crecimiento sostenido, beneficiando a productores agrícolas y comunidades afectadas por proyectos de obra pública.