EL SALVADOR — Las autoridades de Seguridad han alcanzado un hito sin precedentes en 2025: cero impunidad en los delitos de homicidio. Según el Gabinete de Seguridad, los 38 homicidios registrados entre el 1 de enero y el 24 de junio han sido resueltos, con los responsables enfrentando procesos judiciales en tribunales a nivel nacional.
Este logro es atribuido a la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele desde junio de 2019. En 2024, la tasa de impunidad en homicidios se redujo al 1.8%, con un 98.2% de casos resueltos, el nivel más alto en la historia del país. Para 2025, el trabajo conjunto de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República, apoyado por inteligencia policial, promete mantener esta tendencia.
De las 38 muertes violentas registradas hasta el 24 de junio, todas han sido resueltas, con los responsables procesados en tribunales.Gabinete de Seguridad
Un caso reciente ocurrió el 8 de junio en el cantón El Papalón, San Miguel Centro. Víctor Manuel Benítez Lazo disparó en la cabeza al esposo de Rubidia de los Ángeles Castro Zúñiga, su cómplice. Tras el ataque, trasladaron a la víctima, aún con vida, a una venta de repuestos en el cantón El Gavilán, La Unión, donde lo asfixiaron y enterraron. La PNC reveló que el móvil fue un homicidio pasional, planeado para mantener la relación extramarital de los acusados.
Otro caso resuelto fue el asesinato de un excabo policial en Tacuba el 28 de mayo. El responsable, Henry Fernando Hernández Ascencio, fue capturado al día siguiente mediante el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO). Hernández, con antecedentes por agrupaciones ilícitas, había sido liberado en abril de 2024 tras una pena leve por ser menor en 2022. El ministro Gustavo Villatoro criticó la Ley del Menor Infractor, señalando que permitió la reincidencia de un “asesino serial”.
El sistema asumió que con dos años de internamiento este sujeto se readaptaría, pero la realidad nos da la razón.Gustavo Villatoro, Ministro de Seguridad
La estrategia de Bukele ha transformado a El Salvador, reduciendo significativamente los índices de violencia. Sin embargo, el enfoque ha generado críticas por su impacto en los derechos humanos, especialmente por el uso del régimen de excepción. A pesar de esto, las autoridades destacan que la seguridad pública sigue fortaleciéndose, con un impacto positivo en la percepción ciudadana.