En los últimos acontecimientos relacionados con las políticas migratorias de Estados Unidos, se ha producido un bloque a la orden del expresidente Donald Trump que buscaba denegar la ciudadanía por nacimiento.
Esta decisión también ha tenido repercusiones en el programa de libertad condicional para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (conocido como CHNV), permitiendo que hasta la fecha, alrededor de 530,000 personas de estos países ingresaran a territorio estadounidense bajo el patrocinio de ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, se ha identificado un uso indebido de este programa, encontrándose casos de «patrocinadores en serie», utilización de datos de personas fallecidas y direcciones repetidas, lo que sugiere un fraude sistemático.
Otro de los programas que se ha visto afectado involucraba la reunificación familiar, permitiendo a ciudadanos colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, haitianos y cubanos ingresar a EE.UU. para esperar la disponibilidad de una ‘green card’ o tarjeta de residencia permanente basada en lazos familiares.
Las personas admitidas a través de estos programas obtuvieron permisos de trabajo temporales y protección contra la deportación, usualmente por un periodo de dos años.
Debido a esta temporalidad, muchos optaron por solicitar otros beneficios migratorios para alargar su permanencia en el país.
Guatemala, por su parte, ha aceptado colaborar con Estados Unidos en aceptar migrantes de otras naciones deportados desde suelo estadounidense. Además, hay programas como el ‘Estatus de Protección Temporal’, dirigido a inmigrantes de países en crisis como Haití, Ucrania y Venezuela.
También está el asilo, que ofrece una oportunidad de refugio permanente para quienes huyen de la persecución, y la posibilidad de tramitar una ‘green card’ para obtener residencia permanente.
Bajo las nuevas disposiciones, se ha establecido que no se gestionarán solicitudes de cualquier programa migratorio presentadas por inmigrantes que hayan llegado bajo políticas implementadas por la administración de Biden.
Esta medida limita significativamente sus posibilidades de cambiar a otro estatus legal y los mantiene en riesgo de ser deportados si su situación de libertad condicional es revertida.
Durante su administración, Trump mantuvo una postura firme en temas migratorios, firmando órdenes ejecutivas que incluyeron el despliegue de tropas en la frontera con México y la deportación de lo que él calificó como «millones de extranjeros criminales».
Asimismo, se comprometió a eliminar ciertos programas migratorios, como el ‘parole’ humanitario. Estas acciones fueron acompañadas de redadas en diversos espacios previamente considerados como refugios seguros para inmigrantes, como albergues, iglesias y escuelas.