El fiscal general de Venezuela denunció que El Salvador está alojando a inmigrantes venezolanos deportados de Estados Unidos en cárceles locales a cambio de dinero. Según Tarek William Saab, el presidente Nayib Bukele incurre en “trata de personas” al cobrar una tarifa desde EE.UU. para encarcelar a los deportados venezolanos.
“Está cometiendo el delito de trata de personas (…) está cobrando $7 millones de dólares por tener encarcelados a estos venezolanos en El Salvador, es decir, él está haciendo un negocio sucio”, declaró Saab en entrevista con la AFP. El funcionario calificó a Bukele como un “violador serial de derechos humanos” y advirtió que la justicia internacional podría actuar contra él por este asunto.
La denuncia surge después de que Bukele propusiera el 20 de abril intercambiar la repatriación de migrantes venezolanos presos en El Salvador por la liberación de 252 “presos políticos” en Venezuela[1][6][8][10]. La Casa Blanca confirmó que El Salvador recibirá $7 millones por un grupo inicial de 200 detenidos venezolanos, cifra que Bukele consideró “significativa” para el sistema penitenciario salvadoreño.
El 15 de marzo, EE.UU. trasladó a 252 migrantes venezolanos a El Salvador, acusados de vínculos con grupos delictivos. Fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad creada por Bukele para pandilleros peligrosos[9].
Caracas ha denunciado esta situación como una violación a los derechos humanos y exige la liberación inmediata de los migrantes, argumentando que su detención y traslado a El Salvador sin juicio es ilegal. Abogados de los venezolanos han presentado solicitudes de habeas corpus ante la justicia salvadoreña, mientras el gobierno venezolano lleva el caso a foros internacionales.
Bukele, por su parte, sostiene que los venezolanos detenidos son presuntos miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y que el acuerdo con EE.UU. es legítimo y ayuda a sostener el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, la propuesta de intercambio de migrantes por presos políticos fue rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro, quien calificó la oferta de “cínica” y reiteró la exigencia de liberar a los venezolanos recluidos en El Salvador[6][8][10].
El caso ha generado polémica internacional y ha puesto bajo escrutinio las políticas migratorias y penitenciarias de El Salvador, así como sus acuerdos con Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos de la región observan con preocupación el destino de los migrantes venezolanos y la legalidad de su detención en cárceles salvadoreñas.
