Roberto
ECUADOR — Un reciente desastre ambiental de gran magnitud ha dejado a numerosas familias sin acceso a agua potable en la provincia de Esmeraldas, ubicada al noroeste de Ecuador. Este evento ha puesto en tela de juicio el modelo extractivista del país, que suele priorizar las ganancias económicas sobre los derechos humanos y ambientales.
La ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), generado por un deslizamiento de tierra ocurrido en la madrugada del 13 de marzo, ha desencadenado una emergencia sin precedentes en la región. El derrame de petróleo se propagó velozmente por el río que atraviesa Esmeraldas, contaminando la principal fuente de agua para miles de habitantes y exponiendo las profundas desigualdades que afectan especialmente a las comunidades afrodescendientes.
Petroecuador, empresa estatal a cargo del oleoducto, anunció la suspensión del bombeo de 360,000 barriles diarios; sin embargo, el impacto real va más allá de las pérdidas económicas. Al menos 800 familias, en su mayoría afroecuatorianas, enfrentan ahora la grave escasez de agua potable tras la decisión del alcalde Vilko Villacís de interrumpir el uso del agua contaminada del río.
«Nos enfrentamos a un daño ambiental sin precedentes. La contaminación es incontrolable», señaló el alcalde, mientras los residentes de sectores como El Vergel observan cómo el petróleo ha dañado cultivos, pozos y hasta los recipientes usados para recolectar agua de lluvia.
El desastre tiene un devastador impacto ecológico en un ecosistema crucial que conecta la Amazonía con el Pacífico. Expertos biólogos advierten que los hidrocarburos podrían sofocar la vida acuática, envenenar microorganismos clave y contaminar los suelos durante años. Para los pescadores locales, la crisis es ya una realidad insoslayable.
La crisis revela problemas históricos más profundos. El cantón de Esmeraldas, donde el 70% de la población es afrodescendiente, ha sido víctima de décadas de desatención por parte del gobierno, careciendo de medidas preventivas contra deslizamientos, infraestructura adecuada para el tratamiento de agua y servicios de salud adecuados.
«El petróleo se extrae de estas tierras, pero aquí no contamos con escuelas dignas ni carreteras», denuncian los líderes comunitarios. Activistas subrayan que esta vulnerabilidad no es una coincidencia, sino el resultado de un modelo económico que extrae recursos de áreas empobrecidas mientras desatiende sus necesidades básicas.
El lento y cuestionado accionar gubernamental ha intensificado las críticas, con el Comité de Operaciones de Emergencia distribuyendo agua a través de camiones cisterna, mientras que Petroecuador busca implementar medidas de mitigación. Organizaciones como la Alianza de Derechos Humanos de Esmeraldas critican la ineficacia de la respuesta estatal.
La desconfianza es alimentada por emergencias previas, ya que en 2020 tres derrames anteriores en el Sote afectaron la región, sin que las promesas de solución se materializaran.
Este incidente ha reavivado el debate nacional sobre el modelo extractivista. En su posición como cuarto productor de petróleo de América Latina, Ecuador depende de estas actividades para financiar servicios públicos y su deuda externa, aunque este derrame intensifica el conflicto entre extractivismo y los derechos naturales, consagrados en la constitución ecuatoriana desde 2008.
En las orillas contaminadas del río Esmeraldas, las familias afrodescendientes, históricamente marginadas e invisibilizadas, enfrentan ahora el temor a enfermedades, la pérdida de sus medios de vida y un futuro incierto sin acceso a agua pura. Este desastre pone de manifiesto la necesidad de que en Ecuador la justicia ambiental sea verdaderamente un derecho universal y no un privilegio.
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