Santa Ana, El Salvador – El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a J. A. E. R. a 28 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado imperfecto o tentado y privación de libertad en perjuicio de su expareja, una adolescente 34 años menor que él. La sentencia, dictada tras una vista pública, incluye una sanción de 22 años por el feminicidio tentado y seis años por privación de libertad, además de una responsabilidad civil.
Según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República, la víctima, una adolescente que convivía con el imputado, decidió poner fin a la relación debido a constantes conflictos y regresó a la casa de sus padres, ubicada en la carretera antigua que conecta El Congo con Coatepeque. El 27 de julio de 2023, J. A. E. R. la buscó en ese lugar para intentar reanudar la relación. Ante la negativa de la joven, el procesado la atacó por la espalda, infligiéndole una herida en el cuello con una navaja, en un intento de acabar con su vida.
Tras el ataque, el imputado obligó a la adolescente a subir a un autobús con destino a San Miguel, consumando el delito de privación de libertad. Durante el trayecto, la víctima logró pedir ayuda a un grupo de soldados que viajaban en la misma unidad, a quienes relató lo sucedido. La intervención de los militares permitió detener al agresor y garantizar la seguridad de la joven, quien fue puesta bajo protección inmediata.
Durante la audiencia, el juzgado evaluó las pruebas presentadas, incluyendo testimonios, informes forenses y evidencia documental, que demostraron la gravedad de los hechos. La condena refleja el compromiso de las autoridades salvadoreñas con la lucha contra la violencia de género, especialmente en casos que involucran a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. La sentencia también establece un precedente en el uso de los tribunales especializados para garantizar justicia en delitos de esta naturaleza.
La imposición de una responsabilidad civil adicional busca compensar a la víctima por los daños sufridos, tanto físicos como emocionales. Este caso, que ha generado atención en Santa Ana, subraya la importancia de las políticas de protección para las mujeres y la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos judiciales para combatir la violencia machista en El Salvador.