EL SALVADOR — El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, emitió un fallo histórico el 3 de julio, condenando a 60 años de prisión a tres ex altos mandos militares por el asesinato de cuatro periodistas holandeses de la Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) en 1982. Este caso marca un precedente en la lucha contra la impunidad en el país.
Los condenados son el exministro de Defensa, general José Guillermo García, el exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán, y el excomandante de la 4.ª Brigada de Infantería, coronel Mario Adalberto Reyes Mena. Cada uno recibió 15 años por víctima, sumando 60 años, aunque cumplirán un máximo de 30 años, conforme al Código Penal de 1973-1974.
El crimen ocurrió el 17 de marzo de 1982, cuando los periodistas Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag fueron emboscados por el batallón Atonal en Chalatenango. Los reporteros, que cubrían la guerra civil, fueron ejecutados junto a cinco guías guerrilleros, en un ataque planificado para silenciar su labor periodística.
La sentencia también ordena la pérdida de derechos ciudadanos de los condenados y establece que cumplirán su pena en el Hospital Bautista, donde García y Morán están detenidos desde 2022, si pueden costearlo. De lo contrario, serán trasladados a un centro penitenciario o un hospital público.
Por primera vez, un tribunal emite una sentencia condenatoria contra altos mandos militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU)
El fallo permite a los familiares de las víctimas iniciar procesos civiles contra los condenados. Además, exige al Estado salvadoreño una disculpa pública por el retraso en la justicia, a emitirse por el comandante general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele, en un plazo de 30 días hábiles tras quedar firme la sentencia.
La emboscada fue precedida por el seguimiento de los periodistas por la Policía de Hacienda, evidenciando un ataque premeditado. La reapertura del caso en 2020, tras la anulación de la Ley de Amnistía en 2016, permitió recopilar pruebas clave, impulsadas por la Fundación Comunicándonos y ASDEHU.
Este veredicto representa un hito histórico para El Salvador, al ser el primer crimen de guerra judicializado. Organizaciones de derechos humanos destacan que abre el camino hacia la verdad y reparación para las víctimas de la guerra civil, en un país donde la impunidad ha predominado por décadas.