Kano, Nigeria — En un fallo que ha sacudido profundamente a la comunidad del norte de Nigeria, un tribunal islámico de la ciudad de Gezawa, en el estado de Kano, condenó este lunes a pena de muerte en la horca a Shafiu Abubakar, de 38 años, por su responsabilidad en el incendio de una mezquita que se cobró la vida de 23 personas el 15 de mayo de 2024.
El ataque, que tuvo lugar durante las oraciones matutinas, dejó una profunda cicatriz en la población local y provocó indignación a nivel nacional. La corte halló a Abubakar culpable de homicidio culposo, tentativa de homicidio, lesiones graves y daños por incendio, subrayando la gravedad del acto cometido en un espacio sagrado.
«Este tribunal declara al acusado culpable de los atroces crímenes cometidos este trágico día. El acto deliberado de prender fuego a un lugar de culto durante las oraciones es un ataque cruel y calculado contra la humanidad», afirmó la jueza Halhatu Huza’i Zakariyya durante la lectura del veredicto. Agregó que las quemaduras encontradas en la mano del acusado constituyeron una prueba determinante de su participación en el crimen.
La acusación reveló que once personas perdieron la vida en el lugar de los hechos, mientras que otras doce fallecieron posteriormente a causa de las heridas sufridas. El saldo de la tragedia convirtió el ataque en uno de los más mortíferos contra un lugar de culto en la historia reciente del país.
Además de la pena capital, el tribunal ordenó que Abubakar reciba 150 latigazos como castigo corporal, de acuerdo con la legislación islámica, e impuso una multa simbólica de 1.500 nairas, equivalente a menos de un euro.
Si bien Nigeria no ha llevado a cabo ejecuciones desde 2016, los tribunales continúan dictando sentencias de muerte en casos considerados de extrema gravedad. La persistencia de estas penas refleja el complejo equilibrio entre el sistema judicial secular y las cortes islámicas (sharia) que operan en varios estados del norte del país.
El fallo ha generado reacciones mixtas entre la población. Mientras algunos sectores exigen justicia ejemplar para actos tan abominables, organizaciones de derechos humanos vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la abolición de la pena de muerte en Nigeria, así como la necesidad de reformas judiciales profundas.
Este caso no solo reabre heridas dolorosas para los familiares de las víctimas, sino que plantea interrogantes sobre la radicalización, el respeto por los espacios sagrados y la capacidad del sistema legal nigeriano para afrontar crímenes de esta naturaleza con justicia y humanidad.
