Redacción CT
La Defensoría del Pueblo colombiana ha puesto sobre la mesa internacional una seria preocupación por el trato a sus ciudadanos en Estados Unidos. En un encuentro crucial con Gehad Madi, relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, se expusieron inquietantes testimonios sobre abusos y violaciones a derechos fundamentales.
El informe presentado revela una realidad alarmante desde el cambio de administración en Estados Unidos. Las denuncias incluyen casos de violencia de género, condiciones precarias de detención y, más grave aún, presuntos abusos sexuales en centros de detención fronterizos.
Particularmente preocupante resulta el incremento en las deportaciones de familias completas desde 2023, incluyendo menores de edad, consecuencia directa de políticas migratorias más restrictivas. La defensora Iris Marín Ortiz ha enfatizado la urgencia de establecer protocolos más humanos en el proceso de deportación.
El panorama se complica con la situación en el Darién, corredor selvático entre Colombia y Panamá, que se ha convertido en una ruta de alto riesgo para migrantes. Las cifras son contundentes: tan solo desde finales de enero, 507 colombianos han sido deportados en cinco vuelos diferentes.
Este escenario ha generado tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, llegando incluso a amenazas de sanciones económicas mutuas. Sin embargo, tras intensas negociaciones, el gobierno de Gustavo Petro accedió a recibir los vuelos de repatriados, priorizando el bienestar de sus ciudadanos.
La situación actual representa un delicado equilibrio entre la soberanía nacional, los derechos humanos y las relaciones internacionales, donde la dignidad de los migrantes debe ser el eje central de cualquier política o acuerdo.
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