EL SALVADOR — En un esfuerzo por mantener la seguridad en el país, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, junto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, supervisaron la implementación de un nuevo cerco de seguridad en la comunidad de San Bartolo, Ilopango, al este de San Salvador.
El operativo, que comenzó en la madrugada del sábado 21 de junio, responde a información obtenida por inteligencia policial y denuncias ciudadanas que confirmaron intentos de pandilleros por regresar y reorganizarse en la zona. Este despliegue busca garantizar que ningún miembro de estructuras criminales pueda restablecer su presencia en la comunidad.
El ministro Villatoro fue enfático al declarar el propósito de la operación:
“Nuestro objetivo es claro: localizar y capturar a los remanentes de pandillas que aún intentan sembrar temor y causar daño a los salvadoreños de bien. No vamos a dar un solo paso atrás.”
Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad
La medida fue ordenada por el presidente Nayib Bukele, quien anunció el cerco a través de sus redes sociales, destacando que el operativo involucra a 1,500 soldados y 500 policías. Según el mandatario, el objetivo es “extraer hasta al último terrorista” escondido en San Bartolo, asegurando que “el país más seguro del continente se respeta”.
Este cerco forma parte de las estrategias del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, implementados desde 2022, que han permitido reducir significativamente los índices de violencia en El Salvador. La operación ya ha dado resultados, con la captura de un pandillero de alto rango de la MS-13 el domingo 22 de junio.
Las autoridades han reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana, destacando la importancia de la colaboración de la población a través de denuncias anónimas. Este tipo de operativos busca no solo capturar a criminales, sino también devolver la tranquilidad a comunidades como San Bartolo, que por décadas vivieron bajo el control de las pandillas.
El cerco de seguridad en San Bartolo, Ilopango, es una muestra más de la determinación del gobierno salvadoreño para erradicar cualquier intento de reorganización de las pandillas, consolidando a El Salvador como un referente en la lucha contra el crimen organizado.