PANAMÁ — La provincia de Bocas del Toro, corazón bananero de Panamá, amaneció el sábado 21 de junio de 2025 con telecomunicaciones cortadas y bajo un estado de urgencia decretado por el gobierno de José Raúl Mulino para contener la violencia desatada por protestas contra la Ley 462, que reforma la Seguridad Social. El decreto, vigente por cinco días, suspende derechos como la libertad de tránsito, reunión y expresión.
El Ministerio de Seguridad reportó que una unidad policial recibió disparos de manifestantes en Changuinola, donde un operativo de 1,900 agentes despejó carreteras bloqueadas. Los disturbios incluyeron saqueos a Chiquita Panamá, comercios, el aeropuerto y el estadio de béisbol local, tras el cierre de la empresa bananera en mayo, que dejó 5,000 desempleados.
Las protestas, iniciadas en abril por sindicatos de docentes y trabajadores de la construcción, rechazan la Ley 462 por elevar la edad de jubilación a 65 años. Los bananeros de Bocas del Toro se unieron, considerando que afecta sus beneficios. Una nueva ley especial, aprobada esta semana tras acuerdos con sindicalistas, no calmó a docentes y sociedad civil, quienes intensificaron los bloqueos.
El saldo es de 140 detenidos, incluyendo 11 menores, y 13 policías heridos. La región enfrenta escasez de insumos, agravando la crisis económica. El gobierno atribuye los disturbios a “grupos radicales”, pero las protestas reflejan un descontento social profundo.
