Con 59 votos a favor, la Asamblea Legislativa ha aprobado la Ley Anticorrupción, diseñada para fortalecer la transparencia y la probidad entre los funcionarios públicos mediante medidas claras y efectivas.
Esta ley se aplicará a empleados y servidores públicos, así como a agentes de autoridad de cualquier órgano de gobierno. Para implementar estas acciones, se establecerá el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, encargado de la regulación y verificación del patrimonio de los implicados.
El sistema estará compuesto por 12 instituciones públicas, incluyendo la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil, y otras entidades clave como la Corte de Cuentas, el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
El presidente Nayib Bukele ha propuesto crear una nueva categoría de delito para sancionar el uso de prestanombres, conocido como testaferrato. La Ley Anticorrupción busca endurecer las penas por delitos de corrupción entre los funcionarios públicos.
