EL SALVADOR — Amnistía Internacional ha declarado como presos de conciencia a la abogada Ruth López, al defensor ambiental Alejandro Henríquez y al pastor José Ángel Pérez, por ejercer pacíficamente sus derechos sin recurrir a la violencia ni incitar al odio. La organización denunció un patrón sistemático de criminalización en el país.
Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, enfrenta un proceso penal con irregularidades, según Amnistía Internacional. Fue detenida el 18 de mayo de 2025, inicialmente por peculado, aunque luego la acusación cambió a enriquecimiento ilícito, sin evidencia sólida que respalde los cargos.
Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambiental, fue arrestado el 13 de mayo de 2025 tras participar en una protesta pacífica contra el desalojo forzoso de la comunidad El Bosque, hogar de más de 300 familias. Su detención, junto con la de José Ángel Pérez, líder comunitario y pastor evangélico, ocurrió tras una vigilia pacífica reprimida por la Policía Nacional Civil y la Policía Militar.
Amnistía Internacional señaló que estas detenciones no son hechos aislados, sino parte de una estrategia para silenciar voces críticas bajo el régimen de excepción. La organización destacó que las acciones del gobierno de Nayib Bukele buscan reprimir a quienes denuncian abusos, exigen justicia o demandan transparencia.
“El Salvador atraviesa un punto de quiebre. La sumisión del poder judicial y la aprobación de reformas regresivas han permitido al gobierno construir una arquitectura diseñada para legalizar la represión.”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
La organización exigió la liberación inmediata e incondicional de Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, así como el cese de la persecución contra defensores de derechos humanos. También instó a la comunidad internacional a actuar ante lo que calificó como un “giro autoritario” en El Salvador.
Amnistía explicó que el estatus de preso de conciencia se otorga tras un riguroso análisis, reservado para personas detenidas únicamente por expresar pacíficamente sus ideas o ejercer sus derechos, sin recurrir a la violencia ni incitar al odio. Este reconocimiento resalta la grave situación de los derechos humanos en el país.