Además de Milei, quiénes están implicados en el escándalo de la criptomoneda $Libra

La reciente polémica en torno a la criptomoneda $Libra desató una serie de denuncias que no solo involucran al presidente argentino, Javier Milei, sino también a una red de empresarios y figuras políticas. Más de 100 querellas fueron presentadas, acusando a los implicados de fraude, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita. El Poder Judicial de la Nación inició un expediente para evaluar la viabilidad de una investigación penal.

El escándalo se originó cuando, el viernes 14 de febrero, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje respaldando el proyecto «Viva la Libertad» y la criptomoneda $Libra. Este respaldo provocó que el valor de $Libra se disparara de fracciones de centavo a 4,97 dólares por unidad en cuestión de minutos.

Sin embargo, pocas horas después, la moneda se desplomó a 0,19 dólares, causando pérdidas significativas a más de 40.000 inversores. Ante la controversia, Milei eliminó su publicación y afirmó que no estaba al tanto de los detalles del proyecto. Días después, en una entrevista, el mandatario aseguró: «No lo promocioné, lo difundí».

Entre los principales implicados se encuentra Julian Peh, CEO y fundador de Kip Network Inc., quien se reunió con Milei en octubre de 2024 durante el Tech Forum, donde discutieron cómo la tecnología de Kip Network podría integrarse en los proyectos gubernamentales para posicionar a Argentina como un «centro tecnológico global». De estas conversaciones surgió el proyecto «Viva la Libertad», destinado a financiar pequeñas empresas y emprendimientos nacionales mediante $Libra.

Hayden Mark Davis, fundador y CEO de Kelsier Ventures, también está en el centro de la controversia. Davis, quien colaboró en la creación de $Libra, culpó al presidente Milei por la caída abrupta de la criptomoneda, argumentando que la retirada del apoyo presidencial minó la confianza de los inversores. No obstante, Davis continúa respaldando a Milei, describiéndose a sí mismo como asesor del mandatario.

Además, figuras políticas como Daniel Parisini, conocido en redes sociales como «El Gordo Dan», y Agustín Laje, escritor e influencer de ultraderecha, fueron mencionadas en las denuncias. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, también fue señalado por su posible participación en el esquema.

Simultáneamente, Charles Hoskinson, fundador de la blockchain Cardano, afirmó ese fin de semana que los empresarios Mauricio Novelli, cofundador de N&W Professional Traders, y Manuel Terrones Godoy, vinculados al lanzamiento de $Libra y creador de la criptomoneda El Chavo del 8, le solicitaron dinero a cambio de una reunión con el presidente Milei en Argentina. Según su testimonio, le aseguraron un encuentro privado con el mandatario, lo que motivó su viaje desde Estados Unidos. Sin embargo, al llegar a Buenos Aires, le informaron que solo podría saludarlo y tomarse una foto grupal, a menos que efectuara un pago.

Por otro lado, Novelli está bajo escrutinio por proyectos previos de criptomonedas como $VULC, un criptoactivo respaldado por Milei en su momento. Novelli fue acusado en el pasado de promover inversiones que resultaron en pérdidas para los inversores.

Frente a la pila de denuncias presentadas por los damnificados, la jueza federal María Servini fue designada para investigar las denuncias presentadas contra el presidente y los demás implicados. El proceso judicial buscará determinar si existieron conductas delictivas y si los acusados actuaron en complicidad para defraudar a los inversores. Mientras tanto, la oposición política intensificó sus críticas hacia el gobierno, considerando la posibilidad de iniciar un juicio político contra Milei por su presunta implicación en el escándalo.

En respuesta a las acusaciones, el gobierno argentino negó cualquier vínculo oficial con $Libra y ordenó una investigación interna a través de la Oficina Anticorrupción para determinar si algún funcionario incurrió en conductas inapropiadas. Además, se creó una Unidad de Tareas de Investigación para revisar el caso, supervisada por la Presidencia de la Nación.

NotiPress/Axel Olivares