HONDURAS — El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos ha dejado en incertidumbre a cerca de 60.000 hondureños que durante años residieron legalmente en ese país. Esta medida representa un desafío crítico para Honduras, que carece de condiciones adecuadas para recibirlos.
La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, advirtió que el país no cuenta con la logística, presupuesto ni institucionalidad necesarias para atender a los migrantes retornados. Además, señaló que la situación se complica con los migrantes en tránsito por territorio hondureño.
“Hay ausencia de institucionalidad para atenderlos con un trato de calidad y calidez” — Blanca Izaguirre
Izaguirre indicó que el Conadeh emitirá recomendaciones para garantizar un enfoque de derechos humanos ante posibles deportaciones masivas. Muchos beneficiarios del TPS llegaron a EE. UU. tras el huracán Mitch en 1998, y ahora enfrentan el temor de regresar a un país con servicios de salud insuficientes, especialmente para enfermedades graves como el cáncer.
Los tratamientos médicos que reciben en Estados Unidos son costosos y difíciles de replicar en Honduras, lo que pone en riesgo la vida de adultos mayores que dependen de ellos.
El canciller hondureño, Javier Bu, aseguró que el Gobierno mantiene contacto con la comunidad TPS mediante sus consulados en EE. UU., ofreciendo apoyo institucional. No obstante, algunos migrantes han criticado la gestión del Ejecutivo, señalando decisiones diplomáticas que consideran perjudiciales, como la revisión de acuerdos de extradición y la presencia militar estadounidense en Palmerola.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. sostiene que Honduras ha mejorado lo suficiente para garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos. Sin embargo, los migrantes aseguran que la situación en el país ha empeorado, con problemas persistentes en seguridad, salud y empleo.
En medio de esta crisis, las remesas enviadas por más de 1,5 millones de hondureños en EE. UU. alcanzaron los 10.000 millones de dólares en 2024, representando el 25 % del PIB nacional. Este dato refleja la profunda dependencia económica del país respecto a su diáspora.