ESTADOS UNIDOS — La Administración de Donald Trump anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que desde 1999 protegía de la deportación a aproximadamente 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses, según un documento preliminar difundido el 7 de julio de 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida, que entrará en vigor el 6 de septiembre de 2025, 60 días después de su publicación en el Registro Federal, afectará especialmente a los migrantes en Florida, donde reside un tercio de los más de un millón de beneficiarios del TPS en EE.UU., según un reporte del Congreso.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la decisión argumentando que Honduras y Nicaragua «ya no cumplen los criterios» para mantener el TPS, otorgado tras el huracán Mitch en 1998, que dejó más de 11,300 muertos en Centroamérica, incluyendo unos 7,000 en Honduras y 4,000 en Nicaragua. El DHS afirmó que ambos países han experimentado «mejoras notables», destacando el liderazgo de Nicaragua en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable, y los proyectos de infraestructura en Honduras que prometen crear empleos.
Tras revisar las condiciones, hemos determinado que Honduras y Nicaragua ya no justifican el TPS. Las mejoras permiten el retorno seguro de sus ciudadanos.
Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
La cancelación del TPS, que venció el 5 de julio de 2025, deja a los beneficiarios sin autorización de trabajo ni protección contra la deportación, salvo que posean otro estatus migratorio legal. La medida sigue a la reciente terminación del TPS para 521,000 haitianos, bloqueada temporalmente por un juez federal, y para 350,000 venezolanos, autorizada por la Corte Suprema en mayo de 2025. Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar el TPS para países como El Salvador, Haití, Nepal y Sudán, generando temores entre otras comunidades migrantes.
Florida, hogar de un tercio de los beneficiarios del TPS en EE.UU., enfrentará un impacto significativo. Organizaciones como la Alianza Hondureña Los Ángeles han expresado preocupación por las consecuencias económicas, ya que las remesas de los hondureños representan más del 20% del PIB de Honduras. El programa «Hermano, Vuelve a Casa», impulsado por el gobierno de Honduras, ofrece asistencia monetaria y empleo para los deportados, pero no compensa la pérdida de estatus legal para miles de familias.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida como parte de una política migratoria más estricta, argumentando que el TPS es una medida temporal que no debe prolongarse indefinidamente. Sin embargo, defensores de los migrantes, como Aaron Reichlin-Melnick del American Immigration Council, criticaron la decisión, destacando que los beneficiarios han pasado revisiones de antecedentes cada 18 meses durante 26 años.