SANTA TECLA, EL SALVADOR — El exagente de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), José Wilfredo Caishpal Aguirre, fue condenado a seis años de prisión por el delito de concusión, según resolvió el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla el 30 de junio de 2025. La Fiscalía General de la República (FGR) demostró que, entre junio y agosto de 2023, Caishpal exigió $10,000 a una víctima bajo régimen de protección a cambio de no capturarla, junto con su familia, bajo el régimen de excepción.
Inicialmente, Caishpal fue acusado de extorsión agravada y tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de armas de fuego. Sin embargo, tras la presentación de pruebas durante la vista pública, el tribunal modificó la calificación jurídica al delito de concusión, que implica el abuso de un funcionario público de su autoridad para exigir pagos indebidos bajo amenazas. La víctima, cuya identidad está protegida, fue intimidada para evitar su detención arbitraria en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
El exagente abusó de su cargo para exigir $10,000 a una víctima, amenazándola con capturarla bajo el régimen de excepción.Fiscalía General de la República
La captura de Caishpal ocurrió el 2 de agosto de 2023 en las inmediaciones del centro comercial La Gran Vía, en Santa Tecla, tras una investigación liderada por la FGR. Las pruebas testimoniales, documentales y periciales presentadas en el juicio fueron determinantes para la condena. Este caso se suma a otros procesamientos de exagentes policiales por corrupción, como el de Leonel Alfonso Aguillón Rodas, condenado a 40 años por feminicidio en 2019, reflejando los esfuerzos de la FGR contra la impunidad en la fuerza pública.
La condena ha generado reacciones mixtas en redes sociales. Mientras algunos usuarios en X aplauden la sentencia como un paso contra la corrupción, otros critican la dureza del régimen de excepción, que ha facilitado detenciones masivas pero también señalamientos de abusos. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre posibles excesos en el uso de esta medida, aunque en este caso la FGR defendió la legitimidad de las pruebas.