EL SALVADOR — Un rumor que crece con fuerza ha encendido las alarmas entre la diáspora salvadoreña en Estados Unidos: el presidente Nayib Bukele habría entregado al gobierno de Donald Trump una lista completa de salvadoreños radicados en ese país, tanto en situación legal como irregular, inscritos en el padrón electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE). De confirmarse, esta acción sería vista como una traición sin precedentes a una de las comunidades más sacrificadas de EL SALVADOR, que aporta más de 8 mil millones de dólares anuales en remesas, sosteniendo la economía nacional.
Según las versiones que circulan, esta información podría ser utilizada por la administración Trump para facilitar deportaciones masivas, poniendo en riesgo incluso a quienes están protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) o DACA. La entrega de estos datos no solo violaría principios fundamentales de confidencialidad, sino que expondría a miles de salvadoreños que huyeron de la violencia o la pobreza en busca de un futuro mejor. La comunidad, históricamente marginada por los gobiernos salvadoreños, enfrenta ahora una amenaza que, de ser cierta, provendría directamente de su propio país.
La gravedad de este supuesto movimiento radica no solo en su alineación con las políticas xenófobas y antiinmigrantes de Trump, sino en lo que muchos consideran un acto de servilismo de Bukele. Críticos señalan que el presidente busca ganarse el favor de Trump para obtener respaldo político o evitar cuestionamientos internacionales sobre su deriva autoritaria en EL SALVADOR. Este rumor se suma a las recientes denuncias de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que alertó sobre un plan para arrestar a periodistas de El Faro, un medio crítico que en 2021 reveló presuntos pactos entre Bukele y pandillas.
La diáspora salvadoreña, pilar económico y cultural de EL SALVADOR, se siente traicionada. “Si Bukele ha vendido los datos de nuestros compatriotas a una administración que los considera ‘indeseables’, estamos ante una violación escandalosa de la soberanía, la dignidad nacional y los derechos humanos”, expresan voces indignadas en redes sociales. La pregunta resuena: ¿es esta la libertad que Bukele proclama, una que se paga con el miedo y la expulsión de su propia gente?
Hasta el momento, no hay pruebas oficiales que confirmen estos rumores, pero el silencio del gobierno salvadoreño solo aviva las sospechas. La comunidad salvadoreña en Estados Unidos exige respuestas claras y, sobre todo, respeto. Mientras tanto, el caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error a la megacárcel CECOT pese a una orden judicial, evidencia la estrecha colaboración entre Bukele y Trump en materia migratoria, alimentando los temores de la diáspora.
