ESTADOS UNIDOS — Kilmar Abrego García, el inmigrante salvadoreño cuya deportación a El Salvador desató una tormenta política tras ser calificada como un «error administrativo» por la administración Trump, regresó a Estados Unidos este viernes 6 de junio. Sin embargo, su retorno no trae alivio, sino nuevos desafíos: enfrenta graves cargos federales por conspiración y transporte ilegal de indocumentados. La Fiscal General Pam Bondi anunció las acusaciones en una conferencia de prensa, mientras su defensa denuncia un posible abuso de poder en un caso que sigue polarizando al país.
Abrego García, trasladado a Tennessee, enfrenta una acusación formal emitida el 21 de mayo por un gran jurado, revelada tras su llegada. Los fiscales alegan que desempeñó un «papel significativo» en una red de tráfico humano que involucró a niños y mujeres, calificándolo como «un peligro para la comunidad». Bondi fue más allá, mencionando sin pruebas en el pliego acusatorio supuestas vinculaciones con el asesinato de una pandillera rival y solicitudes de fotos de una menor, lo que su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, tilda de intento de difamación. La secuencia —deportación ilegal, batalla legal hasta la Corte Suprema y cargos inmediatos— sugiere una instrumentalización política del sistema judicial, levantando dudas sobre el debido proceso.
Sandoval-Moshenberg arremetió: «El gobierno lo desapareció en una prisión extranjera violando una orden judicial y ahora lo trae para procesarlo, no para corregir su error». Insiste en que ningún jurado creerá que este trabajador metalúrgico lideró una red de contrabando de MS-13. El Senador demócrata Chris Van Hollen, quien lo visitó en El Salvador, celebró su retorno como un triunfo de los derechos constitucionales, exigiendo que la administración pruebe su caso en tribunales. En su primera audiencia en Tennessee, Abrego García, visiblemente agotado, enfrentará una nueva cita el 13 de junio.
La acusación detalla una conspiración de 2016 a 2025 para trasladar migrantes desde América Latina a EE.UU. vía Texas, usando coartadas como trabajos de construcción y coordinando con celulares y redes sociales. También se menciona el transporte de armas ilegales. Todo apunta a una parada de tráfico en noviembre de 2022 en Tennessee, donde, pese a no ser acusado entonces, llevaba a ocho personas. Su deportación en marzo, pese a una protección de 2019 contra la expulsión a El Salvador por amenazas de pandillas, escaló a la Corte Suprema, que ordenó su retorno. La negación de la administración sobre su supuesta afiliación a MS-13, sin condenas previas, alimenta el debate sobre justicia y poder.
