Minas de Corrales, Uruguay – Una grave situación sacude a la localidad de Minas de Corrales, en el departamento de Rivera, tras la detención de siete personas, entre ellas el alcalde José Washington González, acusadas de explotación sexual y abuso de menores. Los arrestos, realizados el pasado miércoles, han generado conmoción en esta pequeña comunidad, evidenciando la necesidad de reforzar la protección de los derechos de los menores en el país.
La investigación, liderada por la fiscal Alejandra Domínguez, comenzó en marzo y culminó con la imputación de los involucrados un día después de los arrestos. Según la información recabada, González, quien ocupaba el cargo de alcalde desde 2015 y estaba en su segundo mandato, enfrenta cargos por delito de retribución o promesa de retribución a menores para realizar actos sexuales o eróticos de manera reiterada. Entre las víctimas se encuentra un adolescente al que, según las autoridades, el acusado habría abusado desde que tenía 12 años.
Las pesquisas revelaron que el alcalde utilizaba incentivos como dinero y suscripciones a plataformas de streaming para perpetrar los abusos, aprovechándose de un vínculo cercano con la familia de la víctima. Este hecho ha intensificado la indignación de la comunidad, que exige justicia y medidas más estrictas para prevenir este tipo de delitos.
La fiscal Domínguez identificó a seis adolescentes, tanto hombres como mujeres, como víctimas de explotación sexual en Minas de Corrales. Aunque se descartó que los acusados formaran parte de una red organizada, la gravedad de los hechos pone en evidencia la vulnerabilidad de los menores en entornos donde figuras de autoridad abusan de su poder. Entre los detenidos se encuentra también un funcionario policial, lo que añade una capa de preocupación sobre la confianza en las instituciones locales.
De los siete acusados, cinco —incluidos González y el policía— enfrentan prisión preventiva, mientras que una persona recibió arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica. Otra de las implicadas quedó en libertad tras declarar ante la Fiscalía, aunque sigue bajo investigación. Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de implementar políticas públicas más efectivas para la protección de menores y la prevención de abusos en Uruguay.
La comunidad de Minas de Corrales, profundamente afectada, espera que este proceso judicial marque un precedente en la lucha contra la explotación sexual infantil. Organizaciones locales y nacionales han alzado la voz para demandar mayor vigilancia y programas de prevención que garanticen la seguridad de los niños y adolescentes en todo el país.
