San Salvador, El Salvador – La diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, expresó su preocupación por la situación económica del país a pocos días de que el presidente Nayib Bukele cumpla el primer año de su segundo mandato, el próximo 1 de junio. Ortiz afirmó estar a la expectativa de los anuncios del Ejecutivo, pero señaló que la prometida “cura” económica no se ha materializado, dejando al pueblo enfrentando una “medicina amarga” sin resultados visibles.
“Hace un año se anunció que se iba a curar la economía con medicina amarga. La medicina amarga la ha tenido el pueblo, pero la cura no se ha visto”, declaró Ortiz. La legisladora destacó que el principal desafío del gobierno sigue siendo el tema económico, especialmente para los salvadoreños que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, comprar alimentos y encontrar empleos formales con ingresos dignos. Estas condiciones, según Ortiz, reflejan una realidad que no se alinea con el optimismo de ciertas evaluaciones oficiales.
En referencia a una reciente encuesta de CID Gallup que otorga un 86% de aprobación a Bukele, Ortiz desestimó los resultados, afirmando: “No necesitamos encuestas para ver la realidad”. Además, expresó que no le sorprende que muchos ciudadanos consideren que el rumbo del país no es el adecuado, reflejando un creciente escepticismo sobre los avances económicos prometidos por el gobierno.
Ortiz también abordó el acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), enfatizando la importancia de cumplir con los compromisos de transparencia establecidos en la primera evaluación de cumplimiento. “Es crucial que se respeten los acuerdos para garantizar una gestión responsable de los recursos”, afirmó, subrayando la necesidad de políticas que fortalezcan la confianza en las finanzas públicas.
Por su parte, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, coincidió en la importancia de cumplir con las obligaciones pactadas con el FMI. Villatoro manifestó su apoyo a una posible Ley de Responsabilidad Fiscal, que permita supervisar el funcionamiento del Estado y asegurar que los recursos públicos se gestionen de manera adecuada. “Debemos hacer lo posible para cumplir con los compromisos acordados”, señaló, destacando la necesidad de un marco legal que promueva la accountability en la administración pública.
Las declaraciones de ambas legisladoras reflejan un momento crítico para el gobierno de Bukele, que enfrenta expectativas elevadas en su segundo año de mandato. Mientras el Ejecutivo prepara sus anuncios para el 1 de junio, la oposición insiste en que los desafíos económicos, como el acceso a empleos dignos y la estabilidad de precios, deben ser la prioridad para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.
